A medida que pasan los meses y vemos la pasividad con que el gobierno enfrenta el problema del precio de los alimentos de la canasta básica, va creciendo la convicción de que no considera que modificar esta situación sea parte de sus funciones.
Ante esta constatación tan evidente nos preguntamos, ¿De quién imaginarán los funcionarios de las áreas involucradas que es la responsabilidad de poner al alcance de los bolsillos (y las mesas) de los más necesitados un conjunto básico de productos que aseguren una alimentación adecuada? ¿Del libre juego del mercado? ¿De la buena voluntad de las grandes cadenas? ¿De la renuncia de los productores a una ganancia mínima? ¿De Donald Trump? ¿Del G20? Parecería ser que la respuesta es “De cualquiera, menos del Gobierno”.
Así, en un escenario de aumentos generalizados de tarifas en los servicios, de falta de empleo genuino, de inflación desbocada y de reducción del monto de las jubilaciones y planes sociales, la brecha entre los precios minoristas del mercado central y los de las principales cadenas de supermercados se mantiene tan saludable como cuando, hace ya más de dos años, nuestro Observatorio de Precios comenzó sus mediciones. Y lamentablemente nada hace pensar que vaya a disminuir. Todo lo contrario.
Por supuesto que la gente misma pone todo de sí para reducir el daño que mes a mes se instala en su economía. Vecinos solidarios que se organizan para hacer compras comunitarias, largos viajes en búsqueda de mejores precios, preferencias por segundas marcas… Pero todos esos esfuerzos, sin el apoyo del Estado Nacional y las autoridades provinciales son insuficientes.
Los supermercados siguen cobrando lo que quieren, los productores siguen recibiendo precios que a veces ni siquiera cubren los costos y la gente sigue viendo que cada vez recibe menos por su dinero. No es, lo sabemos, una buena manera de empezar el año. Pero, como dijo el poeta, “Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio” ¿O si tiene?
