En la literatura argentina, la figura del empleado estatal rutinario, poco eficiente y mal pago es un clásico. Pues bien, ese trípode (rutina, ineficiencia y bajo salario) ha perdido, a juzgar por las cifras que ilustran esta nota, una de sus patas. En Nación y Provincias se siguen repitiendo rutinas administrativas que perdieron sentido hace ya mucho tiempo, se siguen usando criterios, mecanismos y procedimientos propios del sigo XIX pero – y ésta es la novedad- ya no se paga mal. Muy por el contrario.
De manera drástica y sostenida, desde 2004 y hasta fines de 2016, de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, en la mayoría de las provincias de nuestro país los asalariados que dependen de las arcas públicas ganan bastante más dinero mensualmente que quienes se desempeñan en compañías no estatales.
Concretamente, estas claras diferencias ya se han establecido en 16 provincias: La Pampa, Misiones, Chaco, CABA, San Juan, Salta, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Formosa, Tierra del Fuego, Corrientes y Chubut.
Mientras tanto, en cinco de ellas la paridad es casi total entre ambas actividades: Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, Catamarca y San Luis.
Por último, los privados ganan en promedio remuneraciones más altas que los estatales en apenas tres distritos: Santiago del Estero, Jujuy y La Rioja.
Podemos decir entonces que, además de haber sumado las administraciones nacionales, provinciales y municipales más de un millón y medio de nuevos puestos desde 2004, los dirigentes políticos también le han asignado a sus propios empleados haberes de privilegio que sobrepasan generalmente la media del mercado nacional.
Cantidad de agentes provinciales: ¿Cómo se fue agigantando la bola de nieve?
Entre 2003 y 2008, la creación de empleo privado duplicaba la del público provincial (9,7% versus 4,1%), esto se debió a un fuerte crecimiento anual del PBI argentino.
Sin embargo, todo se revierte para el ciclo comprendido entre 2008 y 2013 ya que la tasa de crecimiento promedio anual del empleo estatal pasa a duplicar a la del privado: 3,1% contra 1,6%. Hay que tener en cuenta que nuestro país se vio seriamente afectado por los enfrentamientos entre la Casa Rosada y el sector agropecuario y por la crisis financiera internacional motivada por la explosión del sistema hipotecario norteamericano.
Finalmente, en los últimos tres años la tendencia se mantuvo y fue el Estado el gran generador de empleo, duplicando, triplicando y hasta quintuplicando al trabajo genuino generado en las empresas privadas.
En algunos distritos se ha llegado a cifras que rozan la extravagancia ya que no registran antecedente alguno en poco más de 200 años de historia. Sólo a modo de ejemplo podemos nombrar: Catamarca tiene 168 trabajadores públicos cada 1000 habitantes; La Rioja 162; Capital Federal y Tierra del Fuego 160; Santa Cruz 159; Neuquén 143 y Jujuy 139.
¿Cómo podemos saber que estamos frente a una cantidad desmesurada?
Basta con hacer un cálculo sencillo. Como hemos dicho, el 16 por ciento de la población porteña (160/1000) trabaja en oficinas gubernamentales (dos terceras parte de ellos en la Nación y el tercio restante en el Gobierno de la Ciudad). Esto significa unas 432 mil personas recibiendo cheques del Estado.
Si tenemos en cuenta que la Capital Federal tiene cerca de 60.000 cuadras en toda su extensión, podemos inferir que encontraremos la friolera de más de siete agentes estatales cada cien metros de sus veredas.
Sin embargo, hay casos aún más preocupantes. En Formosa, Catamarca y La Rioja existen dos empleados públicos por cada empleado registrado del sector privado.
En Jujuy, Santiago del Estero y Chaco la proporción oscila entre 1,5 y 1,4 trabajador del sector público con relación a uno de las compañías no estatales.
Están casi en un “empate” de uno a uno Salta, La Pampa, Entre Ríos, Tucumán, Santa Cruz, San Juan y Misiones.
Por el contrario, las provincias con menor concentración de empleados públicos resultaron ser las más productivas: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Misiones y Corrientes.
La situación, como está planteada, es insostenible. Ni las Provincias por sí mismas ni con la ayuda del Estado Nacional pueden sostener semejante carga. Y el Estado Nacional tampoco puede hacer frente, con lo que recauda, a sus propias necesidades y menos a las agenas. Entonces ¿No hay solución?
Desde el punto de vista de la ortodoxia económica, la solución es sencilla y es la que aplicó, según la leyenda, Alejandro Magno frente al nudo gordiano: se corta de un tajo y se acabó el problema. En buen romance, esto quiere decir que se entregan áreas estratégicas del Estado a la actividad privada, se recortan servicios de primera necesidad y se despide masivamente empleados que “sobran”. Era lo que, en el pasado, se resumía en el slogan “Achicar el Estado es agrandar la Nación”. Se obvia en ese razonamiento que el Estado es, en muchísimas provincias (por no decir en todas) la principal fuente de Empleo. Y que las familias argentinas que dependen de él pasarían –de aplicarse esa política- a un estado calamitoso, con el consiguiente deterioro de los servicios esenciales como salud y educación y el aumento de la desigualdad y la conflictividad social.
No es esa, de ninguna manera la solución.
¿Entonces? Lo primero es que nos acostumbremos a pensar que una estructura perversa que se creó y se alimentó durante décadas –y quizás siglos- no se puede desmontar de un plumazo, como no sea a un enorme costo social. Konrad Adenauer, alguna vez dijo “tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario” y ese debe ser un objetivo a alcanzar en el mediano plazo.
Los Estados provinciales y el Estado nacional deben darse normas que permitan:
• Congelar vacantes
• Reasignar tareas
• No incorporar nuevos agentes
• Capacitar al personal existente
Solamente con una política sostenida que tenga como objetivo lograr Estados modernos, eficientes y, sobre todo, viables, Argentina crecerá y podrá utilizar su potencia productiva en algo más que disimular la falta de trabajo genuino.