Por Carlos Ben
Las primeras leyes tributarias aparecen en Egipto, China y Mesopotamia hace aproximadamente cinco mil años y por entonces se decía que “se puede amar a un príncipe o a un rey, pero ante un recaudador de impuestos, hay que temblar”.
Esa sensación o reacción, persiste en el mundo con distinta intensidad. Y si analizamos el significado del adjetivo “impositivo” es contundente que estamos frente a aquello que se impone obligatoriamente con sanciones a quienes no cumplen.
De todos modos, los sectores con mayores ingresos inventaron fórmulas para pagar menos y acumular más como recurrir a la subdeclaración impositiva donde el monto a pagar depende de la declaración que puedan crear astutos contadores.
Incluso algunos, crean empresas en paraísos fiscales, cuentan con testaferros, fijan residencia en otro país o aprovechan vacíos legales. Todas estas, opciones que no están al alcance de quienes menos tienen. A lo que deberíamos sumarle carácter fuertemente regresivo de nuestro sistema impositivo.
Los impuestos afectan de diversas formas a la economía. Es indiscutible que reducen la inversión, motor del crecimiento económico tanto a corto como a largo plazo, así como también tienen efectos importantes en el empleo.
Si nos imaginamos la utópica idea de quitar impuestos lo primero que pasaría es que todos tendríamos automáticamente el doble del poder adquisitivo.
Pero se trata de algo que solo se puede imaginar, porque en nuestro país se cuentan actualmente 165 gravámenes, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales; dos más que en 2019 con la incorporación del “Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria” y el 30% al dólar o cualquier otra moneda extranjera, sea para ahorrar, consumir o invertir.
Pero de los 165 impuestos existentes, solo 11 recaudan el 90% de las necesidades del Estado y en contraposición, otros 154 tributos diferentes recaudan el 10% restante.
Su producido se distribuye entre la Nación (el Tesoro y la Anses) las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según las estadísticas del Banco Mundial, la Argentina lidera a nivel global la presión impositiva a la producción: representa el 106% de la ganancia neta (antes de impuestos) de una pyme.
“Dicho más claro, una pyme argentina que paga todos los impuestos, en promedio, da pérdida”, señaló el informe de Data Driven. Solo las Islas Comoras, de África, superan a la Argentina en este indicador.
En este ranking, la Argentina aparece primera con el 106,3%, seguida por Bolivia con el 83,7%, Venezuela con el 73,3%, Colombia con el 71,3%, Brasil con el 65,1%, México con el 55,1%, Uruguay con el 41,8%, Panamá con el 37,2% y Perú con el 36,9 por ciento.
Obviamente existen países que tienen impuestos superiores al nuestro, pero pueden ofrecer mayores beneficios en materia de salud, seguridad y asistencia social que nuestro país, donde pareciera no existir una relación directa entre estos servicios y los montos recaudados.
La posibilidad de debatir seriamente una reforma tributaria es siempre un anuncio de campaña que nunca se materializa, y muchos impuestos por “única” o provisorios se eternizan.
Pero temblar como desde hace más de cinco mil años ante el recaudador ya no es suficiente, porque el panorama es de catástrofe mundial y puede derivar en una masa de aportantes cada vez menor. Siempre se afirma que si todos cumplieran con sus obligaciones fiscales la presión impositiva sería menor, aunque esto jamás se aplicó en nuestro país.
La discusión sobre la política impositiva es tan indispensable como la vacunación efectiva contra el coronavirtus para evitar el colapso más grande de la historia.
La unidad de criterios y la seriedad profesional son las claves de una estrategia urgente que debe ser promovida por el Estado y la dirigencia como única salida. De no mediar respuesta pronto, ante la inacción y la interna facilista de agrupaciones que buscan solo el poder, el temblor será terremoto y el país otro. Peor seguramente peor.