En los últimos meses, el mundo de los activos digitales en Argentina experimentó un fuerte sacudón a raíz de la caída repentina del token conocido como $LIBRA. Numerosos inversores y emprendedores habían depositado grandes expectativas en esta iniciativa, que se promocionaba como una vía de financiamiento para proyectos locales. Sin embargo, su desplome en cuestión de horas planteó serios interrogantes acerca de la transparencia de estas propuestas y de la protección de quienes invierten en un entorno que suele carecer de regulación.
Sin ánimo de profundizar en el análisis jurídico y político del caso $LIBRA en nuestro país, este escenario representa una buena oportunidad para comprender y profundizar un poco más en el fenómeno de los activos digitales.
Por un lado, cabe destacar los proyectos más conocidos, como Bitcoin o Ethereum, basados en redes descentralizadas en las que las transacciones no dependen de un único ente emisor. Bitcoin es el primer activo digital surgido de una cadena de bloques descentralizada, cuyo objetivo principal fue ofrecer un sistema de dinero electrónico sin intermediarios, respaldado únicamente por la validación conjunta de sus usuarios, lo que le confiere una naturaleza pseudónima y resistente a la censura. Ethereum, por su parte, amplía las posibilidades de la tecnología blockchain al incorporar contratos inteligentes, es decir, acuerdos autoejecutables y programables que permiten desarrollar aplicaciones y servicios descentralizados más allá de la mera transferencia de valor.
Por su lado, las stablecoins se caracterizan por atar su valor a otras monedas o bienes, con el propósito de brindar mayor previsibilidad. Entre las más reconocidas a nivel mundial se encuentran Tether (USDT), lidera el volumen de intercambio diario; USD Coin (USDC); Binance USD (BUSD) y Dai (DAI). Más allá de sus particularidades, todas vinculan su valor al dólar estadounidense.
En contraposición, están las memecoins, también denominadas de manera coloquial y en ocasiones peyorativa como “shitcoins”, que suelen estar vinculadas a memes o tendencias virales de Internet, en lugar de basarse en un proyecto tecnológico sólido. En esta categoría se encuadra $LIBRA. Su valor depende en gran medida de la popularidad y de la especulación que generan en redes sociales, lo que se traduce en una alta volatilidad. Dogecoin es un ejemplo icónico de este tipo de criptomonedas: fue creada como una broma, pero cobró impulso gracias a la comunidad que la rodea y a varias figuras mediáticas que promocionaron su compra.
Finalmente, debemos mencionar los tokens, una unidad de valor que se crea y gestiona en una blockchain existente, como Ethereum. A diferencia de criptomonedas como Bitcoin, que operan en su propia cadena de bloques, los tokens se desarrollan sobre plataformas ya establecidas y pueden representar una amplia gama de activos o derechos. Por ejemplo, pueden simbolizar una participación en un proyecto, acceso a servicios específicos o incluso activos del mundo real tokenizados, como bienes raíces.
La versatilidad de los tokens o la tokenizacion ha permitido su proliferación con diversas funcionalidades en el mercado digital y se consolida como una tendencia con un gran potencial en la Argentina. Cabe destacar aquí casos como el de Agrotoken, que digitaliza toneladas de soja, maíz y trigo, demostrando cómo los productores pueden gestionar sus cosechas de manera más eficiente, incluso en períodos de alta volatilidad de los mercados. Este tipo de proyectos pone de manifiesto que los tokens podrían convertirse en una vía de financiamiento y de diversificación de riesgos, al reducir fricciones en operaciones que antes requerían numerosos intermediarios.
La misma lógica se ha aplicado a otros ámbitos, como el sector inmobiliario y la comercialización de bienes culturales. Un token permite adquirir porciones fraccionadas por ejemplo de un inmueble, lo que democratiza la inversión al no demandar grandes capitales iniciales.
No obstante, expertos advierten sobre los desafíos legales y contables que acarrean estas operaciones, particularmente en lo relativo a la prevención de fraudes, el lavado de dinero y la adecuada identificación de las personas titulares de los activos. En la Argentina, el panorama actual para quienes buscan emitir o comerciar con tokens es incierto, ya que no existe una legislación específica que defina con claridad las responsabilidades y obligaciones de los actores involucrados. Con frecuencia, las entidades de contralor emiten advertencias sobre los riesgos inherentes a los criptoactivos, pero no establecen lineamientos concretos que propicien el desarrollo ordenado del sector. Mientras tanto, el potencial de financiamiento que pueden ofrecer las ofertas iniciales de monedas o las emisiones de tokens se ve limitado, en parte, por la falta de reglas claras que generen confianza.
La experiencia reciente de $LIBRA acentúa la necesidad de un marco regulatorio. Sin reglas claras, no resulta sencillo determinar qué proyectos tienen respaldo real y cuáles responden únicamente a maniobras publicitarias basadas en la viralización de memes o en el apoyo de figuras públicas. Los ciclos de euforia y caos se alternan con sorprendente rapidez.
A pesar de estas dificultades, la tecnología blockchain y los criptoactivos presentan oportunidades de desarrollo con un fuerte impacto potencial en diversos sectores de la economía nacional. En un país con problemas para acceder a financiamiento internacional, un sistema descentralizado podría ampliar el abanico de créditos y la circulación de capital, sobre todo para pymes que buscan alternativas más ágiles que las ofrecidas por la banca tradicional. Al mismo tiempo, el proceso de tokenización de activos permite alcanzar mayores niveles de eficiencia en logística, trazabilidad y movilización de recursos, algo que ya se explora en la cadena agroexportadora.
El futuro de los criptoactivos y la tokenización en la Argentina permanece abierto, innovación y crecimiento productivo pueden ir de la mano si las autoridades y el sector privado trabajen de forma conjunta en un marco normativo equilibrado que proporcione seguridad jurídica y al mismo tiempo promueva la innovación.