Por Graciela Russo
El planeta está dando sobradas muestras sobre la inclusión de acciones para evitar que el cambio climático se constituya en la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad.
De acuerdo a datos suministrados recientemente por BloombergNEF, “en 2020, el mundo gastó un récord de 501.300 millones de dólares en energía renovable, vehículos eléctricos y otras tecnologías para reducir la dependencia del sistema energético mundial de los combustibles fósiles”, al mismo tiempo “que las inversiones en la transición hacia una economía baja en carbono aumentaron 9% respecto a 2019 y se produjeron a pesar de las interrupciones generadas por la pandemia de covid-19”.
En el mismo trabajo se destaca que “tanto las empresas, como los gobiernos y los hogares invirtieron unos 303.500 millones de dólares en nueva capacidad de energía renovable en 2020, un 2% más en el año. Eso se debió a la mayor construcción de proyectos solares y a un aumento de 50.000 millones de dólares de la energía eólica marina. Por otro lado, también se gastaron 139.000 millones dólares en vehículos eléctricos e infraestructura de carga asociada, con un aumento del 28% y un nuevo récord”.
Estas inversiones, verdaderamente record, se desarrollan en paralelo a una sostenida presión de la gente a nivel global y de alguna manera, también se hace para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París firmado el 12 diciembre de 2015 y que entró en vigencia el 4 de noviembre de 2016. En el mismo “se busca mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los 2 °C por encima de los niveles pre-industriales, y perseguir esfuerzos para limitar el aumento a 1.5 °C, reconociendo que esto reduciría significativamente los riesgos y efectos del cambio climático”.
Por eso, en las últimas horas el mundo vio con mucho agrado como una de las primeras medidas tomadas por el flamante presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue firmar una orden ejecutiva para que su país se una nuevamente al Acuerdo de París, firmado por 194 naciones, y del que Donal Trump había decidido alejarse a finales de 2019.
La Argentina, que también fue uno de los países firmantes de ese acuerdo, cuenta en su haber con importantes recursos naturales para la generación de energía eólica y solar que le faciliten alcanzar el 20% de su matriz en el año 2025.
Sin embargo y de acuerdo a números de mayo de 2020, la matriz energética de la Argentina se dividía en térmica con 62,2%, hidráulica con 21,2%, la nuclear se posiciona con 8,3% y las renovables con 8,3%. Precisamente, es éste último porcentaje el que nos alejan de los compromisos asumidos para cumplir con la legislación vigente.
Según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), al 31 de diciembre de 2021, deberíamos alcanzar como mínimo el dieciséis por ciento (16%) del total del consumo propio de energía eléctrica y al 31 de diciembre de 2023, se deberá cumplir como mínimo con el dieciocho por ciento (18%) del total del consumo propio de energía eléctrica.
En el medio de todo este trabajo que aún resta por hacer para cambiar nuestra matriz energética y avanzar hacia una energía más limpia y renovable, la Ciudad de Puerto Madryn en la Provincia de Chubut ha impuesto recientemente un “impuesto al viento”, por el cual todas las empresas productoras de energía eólica radicadas en el municipio deben abonar al mismo una “tasa por habilitación, inspección, seguridad e higiene y control ambiental” por los metros cuadrados de uso.